Notas desde la isla.

Alquilas tu piso de Corralejo por un año y vives fuera. La comunidad sigue reclamándote a ti las cuotas, diga lo que diga el contrato; la cláusula que las traslada al inquilino necesita una cifra anual y, desde el 8 de octubre de 2026, ni el IBI ni la agencia pueden trasladarse. Las normas de convivencia alcanzan a tu inquilino por el artículo 7.2, las notificaciones se entienden hechas en el piso, tu inquilino puede llevar tu representación pero no votar. Octubre de 2026.

Placas onduladas, bajantes y depósitos de fibrocemento abundan en los edificios de Fuerteventura anteriores a 2002; la prohibición no ordenó retirarlos. Lo que la ley pide a una comunidad: el material sano puede quedarse, el deteriorado debe irse como obra obligatoria; solo una empresa del RERA puede tocarlo, con un plan de trabajo que aprueba la autoridad laboral canaria; el residuo sale de la isla por un gestor autorizado; quién vota y quién paga; el censo y las ayudas, octubre de 2026.

Quién compra en Fuerteventura y quién vive aquí son dos preguntas distintas con dos respuestas oficiales. El informe de los notarios de 15 de octubre de 2026 sobre el primer semestre, el peso extranjero de los registradores en Las Palmas hasta junio de 2026 y el registro del ISTAC a 1 de enero de 2025 por municipio, leídos para una comunidad: residentes frente a no residentes, las nacionalidades y qué significa cada cifra para el domicilio, la delegación, la morosidad y el idioma de las actas.

«Fuera de ordenación» no es una situación sino tres, y la cubierta y el ascensor de una comunidad se juzgan por una lista distinta en cada una. Lo que la Ley 4/2017 permite a un edificio consolidado desde la reforma de enero de 2026, la lista corta del fuera de ordenación, el reloj de cuatro años y las obras que nunca prescriben, las reglas de Costas en los primeros cien metros, qué papel dice dónde está su edificio tras las sentencias canarias de 2026, y por qué la ITE se aplica igual.

El propietario que discrepa de un acuerdo de la junta tiene tres motivos, una legitimación que depende de cómo votó, una deuda que saldar antes y tres meses, o un año, que ninguna carta interrumpe. Lo que dice el artículo 18, los pasos más baratos dentro de la comunidad, la línea del Supremo de 2013 y 2026 sobre salvar el voto, la excepción de la deuda leída con generosidad en 2024, la solicitud de negociación que hoy suspende el reloj y lo que cuesta el juicio ordinario en Fuerteventura.

A nombre de quién está la cuenta de la comunidad, quién puede mover el dinero y cómo la ve un propietario en el extranjero: el NIF con H, el fondo de reserva que pertenece a la comunidad a todos los efectos, las firmas que fija la junta, lo que el administrador paga sin votación, las cuentas anuales, la documentación y la auditoría, el modelo 347 y las retenciones, lo que un acreedor toma primero y el correo que cambia el IBAN de un proveedor.

La Ley 7/2026 permite a una comunidad canaria pagar a un colegio o a una entidad acreditada el informe técnico que su expediente de licencia está esperando. Qué cubre el informe y qué deja al ayuntamiento, el tope del 0,5 al 3 por ciento de su precio, el plazo de tres meses que no se mueve, el veto del pleno municipal, quién responde por un informe erróneo y a qué obras de Fuerteventura llega siquiera.

Muere un propietario, los herederos viven fuera y las cuotas de la comunidad siguen venciendo mientras nadie es el dueño. Esta nota explica quién debe las cuotas hasta que se acepta la herencia, qué asume el heredero al aceptar, cómo puede la comunidad demandar a una herencia y cómo llega la reclamación a una familia en el extranjero (con un caso de Lanzarote resuelto por el Tribunal Supremo en 2026), qué decir al administrador, quién vota mientras tanto, y qué pasa con la venta y el seguro.

¿Por qué un piso paga el 2,40 por ciento de todo mientras los locales de la planta baja no pagan el ascensor? Las respuestas están en el título constitutivo del edificio y en sus estatutos, papeles que casi ningún propietario ha leído. Esta nota explica qué decide cada texto, cómo se fijó la cuota, cómo lee el Tribunal Supremo las cláusulas de exención (con dos sentencias de 2026), por qué cambiarlos exige a todos, qué hacer si una cuota parece errónea y dónde conseguir copia.

Una comunidad de propietarios firma contratos todo el año: el ascensor, la piscina, el jardín y, a veces, una obra en el edificio. La ley dice quién decide y quién firma, no dice nada de los tres presupuestos y dice más de lo que muchos presidentes esperan sobre lo que pasa cuando algo sale mal: un subcontratista sin cobrar, un contratista con deudas en la Seguridad Social, una obra con dos empresas y sin coordinador de seguridad. Esta nota sigue un contrato de la votación a la última factura.

El administrador que le escribe por la fuga no es la persona que tiene sus llaves, ni lo es la agencia que se ofreció a gestionarlo todo. La ley española da a cada uno de los tres un cliente, unas facultades y una factura distintos: el administrador de la comunidad, un gestor con un mandato y una agencia de alquiler cuyos honorarios paga el arrendador. Esta nota explica qué hace cada uno para un propietario que vive fuera, qué papel necesita y quién paga a quién.

Viento salino, pintura entizada, óxido en los cantos de los balcones: tarde o temprano todos los edificios de esta costa se repintan. La ley española hace de la reparación un deber que no necesita votación, deja el color a las normas de la propia comunidad, reparte la factura por cuota y manda al presidente al ayuntamiento con una comunicación previa quince días antes de que suba el andamio. La guía sigue cada paso con un edificio de veinticuatro viviendas de Corralejo, con la derrama en euros.

Una comunidad de Costa Calma se reúne en inglés y dos propietarios protestan: uno quiere español, el otro un acta que pueda leer. Qué dice el derecho español sobre el idioma de la junta, de la convocatoria y del acta: la sentencia del Supremo de 2002, las de Málaga sobre quien no entendió, el acuerdo anulado en Tenerife por una convocatoria en italiano, qué texto vale, qué puede pedir quien vive fuera y quién lo paga.

Once pisos del bloque ya son viviendas vacacionales y un propietario nuevo quiere empezar. Qué pide la ley canaria a una vivienda nueva (primero, el certificado urbanístico del ayuntamiento) y qué da a una existente (cinco años, uso consolidado y una comunicación municipal antes del 31 de julio de 2027), la presunción de treinta y un días añadida en agosto de 2026, qué número va en el anuncio tras la anulación del registro estatal y qué puede decidir la junta por tres quintos.

El presidente dice que la azotea que filtra puede esperar a la junta anual. La ley permite que la cuarta parte de los propietarios, o propietarios con el 25 % de las cuotas, fuercen una junta, y en junio de 2025 el Tribunal Supremo fijó el orden: primero se pide al presidente, y solo si no actúa convocan los promotores. La solicitud, la espera, la convocatoria y el orden del día, antelación, quórum y mayorías, delegaciones y el cese de un presidente o un administrador.

El jardinero al que se paga en efectivo cada jueves es empleado de la comunidad, y la ley trata a la comunidad como a cualquier empleador. Quién decide y quién firma, el contrato y el alta antes del primer día, el documento de información exigible desde el 5 de octubre de 2026, el coste de un puesto con el salario mínimo de 2026, la prevención, la vivienda del conserje y por qué contratar a una empresa ya no libra a la comunidad del riesgo tras la sentencia del Supremo de 2022.

Ninguna ley reúne las inspecciones que debe pasar un bloque de pisos: cada instalación tiene su reglamento, su reloj y su inspector. En Fuerteventura, una tabla con la norma, la frecuencia y quién firma: el ascensor, la inspección eléctrica decenal que en Canarias alcanza a todo edificio con 20 o más suministros, garajes y piscinas cada cinco años, incendios, gas, agua caliente, el depósito, la piscina y la ITE. Más dos cosas sin inspección oficial y lo que cuesta una fecha vencida.

El administrador le pide una cuenta española y no la necesita: una comunidad que cobra por domiciliación en euros debe aceptar un IBAN de cualquier país de la UE, y el Banco de España califica la negativa de ilegal. El mandato y quién lo guarda, las ocho semanas para deshacer un recibo equivocado, por qué una transferencia periódica se queda atrás sin avisar, las cuentas británicas y suizas, y los tres costes de un recibo devuelto: intereses, comisión del banco y voto. Con lista de comprobación.

Dentro de sus paredes puede hacer casi todo; por fuera, casi nada. La Ley de Propiedad Horizontal nombra el cerramiento de terrazas: tres quintos de todos los propietarios, sin votos por silencio cuando la obra es para aprovechamiento privativo. El aire acondicionado se juzga con flexibilidad pero caso por caso, tolerar no es consentir, la comunidad tiene treinta años para exigir que se reponga la fachada, y el ayuntamiento es un segundo permiso. Con tabla de obras, mayorías y permisos.

Para el propietario que no estuvo en la sala, el acta es la junta. El artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal dice qué debe expresar, que el presidente y el secretario la cierran en diez días naturales, que se envía a su domicilio en España y que sus errores pueden subsanarse antes de la junta siguiente. Esta guía lo lee tal como está en octubre de 2026, con los dos relojes que arrancan cuando llega el acta y el libro de actas digital que no llegó a ser ley.

Un piso en una comunidad llega con una cuota, unas normas, decisiones ya votadas y un secretario que todavía no sabe que usted existe. Los primeros treinta días en orden: la comunicación del cambio de titularidad, el domicilio en España que exige la Ley, las cuotas, el fondo de reserva y las derramas votadas antes de su compra, los papeles que pedir, llaves y contadores, su seguro, el aviso antes de cualquier obra y su voto en la primera junta. Con una lista y un caso de Corralejo en cifras.

Detrás de la reparación de un temporal en una comunidad hay tres pagadores. Con rachas de más de 120 km/h, y en inundaciones y golpes de mar, paga el Consorcio de Compensación de Seguros con la póliza de la comunidad y sin franquicia. Por debajo paga la aseguradora de la comunidad si se cumple la cláusula de viento y lluvia, y un sumidero atascado lo paga la propia comunidad. Qué es extraordinario, qué queda excluido, los primeros siete días y un temporal en Caleta de Fuste en cifras.

Cada litro de Corralejo o Costa Calma era agua de mar días antes. Quién la desala y la mueve, a quién cobra el consorcio y cómo funcionan el padrón mensual y la vía ejecutiva, qué cambió la emergencia 2020–2025, cómo divide el recibo una comunidad con un solo contador según la Ley de Propiedad Horizontal, la regla de 2022 que libra de los tramos altos al propietario con una fuga oculta si reclama en tres meses, y el real decreto que nombra a la comunidad como quien limpia el aljibe.

Quién puede ver las grabaciones de la cámara de la piscina, si la comunidad puede colgar la lista de morosos en el portal y quién dio su número al grupo de WhatsApp. El Reglamento, la LOPDGDD y la Ley de Propiedad Horizontal leídos juntos, con la guía de la AEPD de 2025 y seis de sus resoluciones contra comunidades: el voto que hace legales las cámaras, la regla del mes, los dos sitios donde la Ley pone la morosidad, la regla de los tres días del tablón y sus derechos desde el extranjero.

Un complejo de Fuerteventura suele ser varias comunidades alrededor de una piscina, unos jardines y una puerta, y los propietarios llaman «la mancomunidad» a esa capa compartida. El artículo 24 de la LPH le da tres formas jurídicas y decide quién vota sobre la piscina, quién paga los jardines y dónde se impugna un acuerdo. La junta de presidentes, las cuotas y los criterios que el título puede cambiar, un ejemplo de cuatro bloques, el bloque turístico, la morosidad y el plazo de tres meses.

Un precio por unidad no dice casi nada hasta saber qué lleva dentro. Las cinco funciones que el artículo 20 de la LPH mete en el cargo y la sexta que abre la puerta a los extras, por qué no hay baremo desde 2009, lo que un presupuesto debe darle según la ley de servicios, qué garantiza el colegio de Las Palmas y cómo consultar su registro, las cláusulas que deberían preocupar a una junta y dos presupuestos para un edificio de cuarenta unidades en un año tranquilo y en uno con obras.

Desde marzo de 2026 un tercio de los propietarios puede acordar una instalación solar o de aerotermia, y solo pagan quienes votaron sí; una mayoría simple obliga a todos cuando el coste anual cabe en doce mensualidades, y el fondo de reserva puede pagar esa vía. Las dos mayorías de la Ley, la comunicación previa canaria, lo que paga el Plan de Vivienda 2026-2030, la deducción del 60 % que tienen los residentes y no los no residentes, y una cubierta de 30 kW en Caleta de Fuste por las dos vías.

Los residentes en la UE no necesitan representante fiscal en España; los británicos, suizos o americanos solo cuando Hacienda lo exige, bajo multa de 2.000 euros. Lo que cualquiera puede hacer — un representante voluntario en la declaración censal — importa más: sin él, su piso es su domicilio fiscal, un conserje puede firmar la carta, y dos intentos fallidos más un anuncio en el BOE la dan por entregada.

La Ley de Propiedad Horizontal se escribió para una sala y no dice ni una palabra sobre el vídeo. El artículo 16 se cambió por última vez en 1999; que las juntas puedan ser en línea «desde la reforma de 2025» es un mito. La única norma expresa, la de 2021, caducó el 31 de diciembre de 2021. La proposición que añadía el vídeo, el correo y el libro digital caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. Mientras tanto: la junta híbrida con una delegación detrás de cada pantalla.

Una piscina comunitaria en Fuerteventura es una piscina de uso colectivo inscrita cuyo titular es la propia comunidad. Lo que exigen el decreto canario de 2005, el estatal de 2013 y el de legionela de 2022: socorrista salvo que una piscina residencial, o un establecimiento turístico de hasta cuarenta unidades, tenga una barrera conforme al Código Técnico; la inscripción en el registro; el libro con dos lecturas al día; el laboratorio trimestral; las duchas cada año; quién paga.

Un piso vacío en Fuerteventura conserva todos los deberes que la Ley de Propiedad Horizontal impone a su dueño: consentir las reparaciones de la comunidad y dejarla entrar, mantener las instalaciones privativas, recibir las notificaciones en la puerta. Quién guarda la llave y con qué mandato, quién puede entrar en una emergencia y por qué la respuesta es el 112 y no un cerrajero, qué cerrar antes de irte, cómo tratan las pólizas una vivienda vacía y el protocolo en una página.

Desde el 1 de julio de 2024 una nueva instrucción fija cada cuánto se inspecciona el ascensor de una comunidad, qué puede escribir el inspector y qué mejoras debe recibir un ascensor antiguo en plazos fijos: un año para el dispositivo de comunicación, la cortina de puertas, el control de carga y la nivelación; de tres a diez para las guías. Quién contrata la inspección, qué pasa al vencer un plazo, por qué las obras no se votan, y un bloque de Caleta de Fuste resuelto con fondo y derrama.

El piso que compra en una comunidad española responde de las cuotas que los anteriores propietarios dejaron sin pagar, y el certificado de deudas que el vendedor debe entregar al notario es la única protección del comprador. Quién lo emite y en qué plazo, qué debe decir y por qué «al corriente» no es «sin derramas pendientes», los deberes del vendedor antes y después de la escritura, la exoneración que se firma con prisas y la solicitud desde el extranjero.

Un propietario mayor de setenta pide un ascensor y los demás no quieren pagar. La Ley responde con tres reglas: las obras de accesibilidad son obligatorias sin votación hasta un año de cuotas ordinarias tras las ayudas, la mayoría las aprueba por encima de ese tope y el disidente paga con todos. Un ejemplo en Corralejo, el fondo de reserva y la derrama, las ayudas del Plan Estatal que abre el Gobierno de Canarias, la deducción autonómica y cómo llevamos la junta.

Toda comunidad tiene un reglamento, y la mayoría valen lo que la junta sabía de la ley. Qué normas van en los estatutos (unanimidad) y cuáles en las normas de régimen interior (mayoría), las horas de silencio y los límites de ruido interior que rigen en Fuerteventura, qué puede decir una comunidad sobre mascotas y aparcamiento en 2026, y el procedimiento de cuatro peldaños que convierte una norma en una orden judicial.

La mayoría de las comunidades de Fuerteventura están aseguradas por inercia, hasta que una tormenta, un accidente en la piscina o un montante reventado abren la póliza. Si la comunidad debe asegurar, qué cubre y qué deja fuera una póliza de edificio, por qué la suma asegurada debe ser el coste de reconstrucción y no el valor de mercado, qué añade el Consorcio por 420 euros al año y las ocho líneas que deciden entre tres presupuestos.

Cada lámina de la isla tiene una fecha. Cuando la cubierta llega a ella, la LPH hace obligatorias las obras —no se vota si, solo cómo se reparte la derrama— y el Código Civil mantiene la cubierta común aunque debajo haya una azotea privativa. Quién decide, cómo el fondo de reserva y la cuota reparten 48.000 euros en Corralejo, qué debe contener la memoria, la prueba de inundación y las garantías del contrato.

Cinco firmas por un piso en Corralejo y solo una necesita notario: la que, mal hecha en casa, rechazan en España. Qué necesita poder notarial y qué solo un escrito firmado, las tres vías desde el extranjero —notario español, consulado, tu notario con apostilla, traducción jurada y equivalencia— y la cuarta por videoconferencia desde 2023, qué poner en el poder, cómo revocarlo y qué hace después tu administrador con él.

El coche nuevo llega a Corralejo antes que el cable. Con el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, un punto de recarga de uso privado en tu propia plaza solo exige comunicación previa a la comunidad, y el Supremo zanjó en diciembre de 2025 que un cable por el techo del garaje no cambia nada. Qué dice la comunicación, los cuatro esquemas de conexión del reglamento eléctrico, quién paga qué, cuándo una instalación común necesita tres quintos y cómo están las ayudas este año.

El acta llega a Hamburgo: en la junta del jueves la presidencia recayó en ti. El cargo es obligatorio, pero la ley te da un mes para pedir el relevo al juez, un mandato de un año, un vicepresidente que te sustituya y un administrador que lleve el papel. Lo que solo firma el presidente, dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad personal, y el protocolo que usamos para que un propietario en el extranjero ejerza el cargo sin coger un avión.

El PDF llega en octubre con la convocatoria: catorce páginas, tres columnas y una junta a la que no irás en persona. Lo que la ley exige de los papeles (LPH 14, 15, 16, 19), las cinco páginas que importan — presupuesto frente a real, conciliación bancaria, lista de morosos, fondo de reserva al 10 %, derramas aparte —, una comprobación de diez minutos desde fuera, las señales de alarma y cómo poner una pregunta en el orden del día antes de votar por representación.

Un mapa marrón en un techo de Caleta de Fuste y un propietario en Düsseldorf: de dónde viene el agua, la línea entre elementos comunes y privativos (bajantes comunes, ramales privativos, la impermeabilización de la terraza común aunque la terraza sea tuya: Supremo 80/2024), quién paga según los artículos 9 y 10 de la LPH, los plazos de siete y cuarenta días de la ley del seguro, el informe pericial que decide la mayoría de las filtraciones y el protocolo de nuestros administradores.

La junta, el presupuesto de 2027 y el fondo de reserva; la lista de morosos y el reloj de los cinco años; cerrar la piscina como manda la norma, cubiertas y desagües antes de las lluvias, certificados y seguro; el modelo 111 de la propia comunidad y el nuevo canal de embargos; y la lista espejo del propietario que vive fuera, con el modelo 210 antes del 31 de diciembre.

Desde noviembre de 2026 la Agencia Tributaria traba saldos de bancos, cuentas de pago y neobancos en cuestión de horas desde que emite la orden. Para un propietario que vive en el extranjero el peligro no es la velocidad: es que las cartas llegan a un piso vacío, y la cuenta que paga la comunidad es la que se detiene.

Cinco años para reclamar (el Supremo lo ha zanjado), el paso obligatorio previo al monitorio y la deuda de tres años de la que responde el piso que compra.

La normativa canaria de la ITE no es la de las webs peninsulares: qué debe inspeccionar, mantener y documentar su comunidad — y cómo financiarlo a tiempo.

NIE, IBI, seguros y deberes con la comunidad: lo que un propietario no residente en Fuerteventura debe cumplir cada año, y qué consecuencias tiene no hacerlo.

Convocatoria, delegaciones de voto, mayorías y el plazo de 30 días: cómo funciona la junta de propietarios y por qué le vincula aunque viva fuera y no asista.

Qué paga su cuota, de dónde sale su coeficiente, cuándo una derrama es legítima y si puede negarse a pagarla: guía para propietarios en Fuerteventura.

La reforma de 2025 permite a la comunidad aprobar, limitar o prohibir la vivienda vacacional con el voto de 3/5, y Canarias sumó su propia ley (Ley 6/2025).

Qué dice la ley sobre cesar y nombrar administrador, la mayoría que necesita la junta, el traspaso de documentos que debe exigir y el mejor mes para el cambio.