Fibrocemento con amianto en un edificio antiguo: deberes de la comunidad, retirada y quién paga

Un bloque de apartamentos de Corralejo construido a finales de los años 1980 tiene placas onduladas de fibrocemento en las cubiertas de los garajes, dos depósitos de agua de fibrocemento en la azotea y bajantes grises del mismo material por la fachada trasera. Un propietario que vive en el extranjero lee que el amianto se prohibió en España en 2002, pregunta al administrador si la comunidad está ahora obligada a retirarlo todo, quién puede tocarlo y quién paga, y recibe tres respuestas distintas de tres vecinos. Este artículo da la respuesta que da la ley, con los textos vigentes el 21 de octubre de 2026: qué es el fibrocemento con amianto y qué hizo y qué no hizo la prohibición de 2002, si existe un deber de retirarlo de un edificio privado, quién puede ejecutar el trabajo y con qué permiso, adónde puede ir el residuo desde una isla sin vertedero para él, cómo decide la comunidad y quién paga, qué han hecho hasta ahora los ayuntamientos de Fuerteventura y las subvenciones, y un caso práctico con la cubierta de esos garajes.

Qué es el fibrocemento con amianto y qué hizo la prohibición de 2002

El fibrocemento es cemento reforzado con fibras. Hasta los primeros años de este siglo la fibra era amianto, y el material estaba en todas partes donde se quería una placa barata, ligera y duradera: placas de cubierta, bajantes, depósitos de agua, jardineras, conductos de humos y paneles planos. La orden ministerial de 7 de diciembre de 2001 que incorporó la prohibición europea explicó en una frase por qué tenía que desaparecer: la exposición al amianto, al liberar fibras, está asociada con la asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Su artículo único dispuso que desde su entrada en vigor queda prohibida la utilización, producción y comercialización de las fibras señaladas en el apartado anterior y de los productos que las contengan, y la orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación, publicación que fue la del Boletín Oficial del Estado del 14 de diciembre de 2001: entró en vigor en junio de 2002.

La misma orden zanjó el punto que importa a una comunidad con una cubierta de los años 1980. Los productos ya colocados no quedaron condenados: su uso seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin de su vida útil. El fibrocemento es un material no friable, las fibras están ligadas al cemento, y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INSST, lo dice con claridad en su guía técnica de 2022: la legislación permite que puedan seguir instalados y en uso mientras dure su vida útil. Un edificio terminado antes de 2002 puede tener el material; uno terminado después no debería. En Fuerteventura eso pone en la lista de candidatos a la mayoría de los bloques de apartamentos de Corralejo, Caleta de Fuste, Costa Calma y Puerto del Rosario construidos en los años 1970, 1980 y 1990, y las directrices de junio de 2024 de los tres ministerios nombran los sospechosos habituales en edificios de esa edad: bajantes, depósitos de agua, jardineras o placas de cubiertas. Los depósitos de agua de las comunidades de la isla tienen artículo propio, nuestra pieza sobre el agua en Fuerteventura para propietarios en el extranjero.

¿Existe un deber de retirarlo?

No uno general, y la fecha que la mayoría ha oído no les afecta. La ley de residuos de 2022, la Ley 7/2022, añadió una disposición sobre el amianto que suele leerse mal. Ordena que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, que fue el 10 de abril de 2022, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada, y fija un solo plazo: las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028. El deber de elaborar el censo es del ayuntamiento, el calendario es del ayuntamiento, y la fecha de 2028 está escrita para los emplazamientos públicos. Las directrices que los ministerios publicaron en junio de 2024 para ayudar a los ayuntamientos, guía metodológica de carácter no vinculante dirigida a los ayuntamientos, confirman que el censo debe recoger todos los emplazamientos e instalaciones de un municipio, con independencia de su titularidad, viviendas incluidas, pero que la cubierta de un edificio privado figure en el censo de un ayuntamiento no es una orden de retirarla, y ningún texto leído para este artículo da una fecha a una comunidad privada.

Lo que hay en su lugar es una condición. El fibrocemento sano puede quedarse; el deteriorado, no. La guía del INSST dice de las cubiertas que En el caso de cubiertas en mal estado, al haber llegado al final de su vida útil, se debe proceder a su retirada, y explica por qué la edad importa aunque nada parezca roto: unas placas de fibrocemento que salieron de fábrica como material no friable, una vez instaladas en una cubierta aumentan progresivamente su friabilidad a lo largo del tiempo, bajo el sol, la sal y la lluvia. La guía también cierra la puerta al arreglo barato de poner una cubierta nueva sobre la vieja: En el caso de cubiertas en buen estado, el doblaje se desaconseja, porque las placas se rompen, se perforan y el amianto queda escondido para quien venga después. Para una comunidad, la condición se traduce a través de la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 10 de la Ley 49/1960 hace obligatorios, sin acuerdo previo, Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluidas las necesarias para la seguridad y la habitabilidad. Una cubierta de fibrocemento agrietada y descascarillada sobre los garajes, o una bajante que suelta fragmentos, es un problema de conservación con un material peligroso añadido, y la inspección técnica que deben pasar los bloques antiguos de la isla lo deja por escrito, como explica nuestro artículo sobre la ITE y el deber de conservación del edificio.

Quién puede tocarlo: la empresa inscrita, el plan de trabajo y la autoridad laboral

Nadie de la comunidad, y ningún albañil corriente. El Real Decreto 396/2006 rige todo trabajo en el que los trabajadores puedan estar expuestos a fibras de amianto, y su ámbito nombra los Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de materiales que lo contengan, así como el mantenimiento y la reparación de esos materiales, su transporte y su eliminación. De él se siguen tres reglas. La primera es la identificación: antes de cualquier obra de demolición o mantenimiento en un edificio antiguo, el contratista debe identificar los materiales que puedan contener amianto, pidiendo información a los propietarios si hace falta, y Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una construcción, deberán observarse las disposiciones de este real decreto que resulten de aplicación. La segunda es el registro: Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto, el RERA, que lleva la autoridad laboral del territorio donde la empresa tiene sus instalaciones principales. La tercera es el plan: Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo, que describe el material, las cantidades, los trabajadores, los procedimientos, los equipos de protección y, en una letra propia, Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente indicando empresa gestora y vertedero.

El plan no es un documento privado. El artículo 12 dice que El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades, que en Canarias es la Dirección General de Trabajo del Gobierno autonómico, el órgano que la sede electrónica del Gobierno señala como el que resuelve tanto las inscripciones en el RERA como las comunicaciones previas a cada trabajo. El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, y si en ese plazo no se notifica nada, el plan de trabajo se entenderá aprobado. Una comunidad no puede, por tanto, hacer que el manitas que pinta las barandillas desmonte la cubierta del garaje la semana que viene: la empresa debe estar inscrita, el plan debe estar aprobado o deben haber transcurrido los cuarenta y cinco días, y la empresa debe comunicar el inicio a la autoridad. El decreto exceptúa tareas pequeñas y de baja exposición, entre ellas en la retirada sin deterioro de materiales no friables, pero la guía del INSST advierte de que la excepción es solo para material sano, No se consideran incluidos en este apartado los materiales degradados, y una cubierta castigada por la intemperie insular es exactamente eso. Las normas de residuos de construcción añaden su propio rastro de papel: con el Real Decreto 105/2008 el proyecto de obra lleva un estudio de gestión de residuos con un inventario de los residuos peligrosos que generará una reforma, y el contratista entrega el residuo a un gestor de modo que La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente.

Adónde va el residuo desde una isla sin dónde dejarlo

La ley de residuos hace responsable al productor hasta que el material se trata. El artículo 20 de la Ley 7/2022 da al productor o poseedor tres opciones, la normal de las cuales es Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice operaciones de tratamiento, y Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente. En la práctica, la empresa inscrita que retira las placas es también el gestor que las embala, las etiqueta y las transporta, y el expediente de la comunidad debe terminar con el documento de traslado y, cuando el gestor solo recoge, el nombre de la instalación final. El Cabildo de Fuerteventura dijo lo mismo cuando aparecieron placas de fibrocemento vertidas junto a Montaña del Sombrero en mayo de 2024: ante este tipo de residuos, se debe avisar a un gestor autorizado porque se trata de materiales nocivos para la salud, mientras que los cuatro puntos limpios de la isla, en Lajares, Risco Prieto, Tuineje y Mal Nombre, son para residuos domésticos ordinarios. La crónica de aquel caso cifró las multas por el vertido entre 100.000 y 600.000 €.

El verdadero problema de la isla es adónde van las placas después del camión. Canarias no tiene vertedero autorizado para amianto. Según la prensa regional del 8 de junio de 2026, En 2024, Canarias envió a la península unas 4.200 toneladas de amianto, y desde abril de 2026 Andalucía, el destino habitual, ya no acepta residuos peligrosos de otras comunidades. El director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias dijo que se planean vertederos propios y que Trabajaremos con las asociaciones de gestores para ver si tenemos que plantear ayudas, incentivos fiscales u otras medidas. Un mes antes, una diputada del Parlamento de Canarias había advertido, en palabras que recogió la radio insular el 14 de mayo de 2026, de que las retiradas ya programadas podían quedarse paradas por falta de destino. Para una comunidad esto significa dos cosas: el presupuesto debe indicar adónde irá el residuo y cuánto cuesta el transporte, y una retirada prevista para el año que viene puede costar más, o esperar más, que una presupuestada hoy.

La decisión, la votación y quién paga

La Ley de Propiedad Horizontal responde a la primera pregunta del propietario en el extranjero. Si el elemento de fibrocemento es un elemento común en un estado que amenaza la seguridad o el deber de conservación, las obras son las obras obligatorias del artículo 10, y el papel de la junta se reduce al dinero: limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono. Cada propietario paga por cuota, porque el artículo 9 obliga a cada uno a Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales. Si el elemento está sano y la comunidad simplemente prefiere librarse de él, la retirada es un acuerdo ordinario, para el que bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación, en segunda convocatoria la mayoría de los asistentes, y el coste vuelve a ser un gasto general. Cómo se prepara la votación, cómo se reparte la derrama y cómo funciona la licencia es el tema de nuestro artículo sobre las obras de cubierta en una comunidad, y la misma mecánica se aplica aquí: en Canarias una obra de conservación que no añade volumen necesita una comunicación previa al ayuntamiento, no una licencia, y un director técnico que redacte la memoria y firme el final de obra.

Los elementos privativos siguen la otra regla. El artículo 9 también obliga a cada propietario a Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, y los tribunales lo aplican al fibrocemento. En mayo de 2026 la Audiencia Provincial de Ourense rechazó la pretensión de un propietario que había sustituido toda la cubierta de fibrocemento de su terraza por panel sándwich y quería que pagara la comunidad: la terraza constaba como suya en la escritura de 1976, la cubierta era una estructura propia, y es a su propietario al que le compete el deber de mantenimiento y conservación de dicha estructura, sin que dicha obligación deba ser asumida por la Comunidad de Propietarios. En octubre de 2025 la Audiencia Provincial de Ceuta confirmó el acuerdo de una comunidad que había votado retirar un cuarto trastero con cubierta de fibrocemento en un patio común frente a los propietarios que lo usaban, dando por indiscutido que el tejado contenía amianto, el cual requería medidas especiales para su retirada, transporte y depósito. Y en julio de 2026 la Audiencia Provincial de Cantabria falló contra un propietario que había obstaculizado el andamio de la comunidad sobre sus tejavanas de fibrocemento invocando el amianto: no justifica que no se fueran a adoptar las medidas especiales, y acabó pagando los sobrecostes de la comunidad. Ninguna es una sentencia del Tribunal Supremo sobre cubiertas de fibrocemento, que este artículo no encontró; son tres lecturas recientes de los mismos dos artículos, y apuntan en la misma dirección: el material cambia el método, no la regla de quién paga.

El censo en Fuerteventura y las subvenciones, a octubre de 2026

El plazo de un año para los censos municipales venció en abril de 2023. El 21 de octubre de 2026, uno de los seis ayuntamientos de la isla tenía un censo en marcha. Puerto del Rosario firmó en mayo de 2024 un contrato para un inventario de sus propios edificios con amianto, los colegios primero, y la prensa insular informó de que En una fase posterior, el Consistorio capitalino elaborará un censo de materiales con contenido en amianto de uso doméstico. Esa fase existe: la página de Medio Ambiente del ayuntamiento afirma que esta abierto el plazo de inscripción en el censo para la retirada de amianto en viviendas, para elementos no estructurales con amianto, tales como bidones, planchas onduladas, jardineras o tuberías, con solicitud en el registro del ayuntamiento o mediante formulario, el documento de identidad del solicitante, la acreditación de la propiedad o el arrendamiento y una descripción y localización de los elementos. Es un censo, no un servicio de retirada, y una comunidad de Puerto del Rosario no pierde nada por inscribir sus placas y depósitos. Para los otros cinco municipios, la situación expuesta en el Parlamento el 14 de mayo de 2026 fue tajante: Solo Puerto del Rosario ha iniciado el censo en su municipio, mientras los otros cinco ayuntamientos majoreros incumplen el plazo legal. Este artículo no encontró ningún censo publicado por La Oliva, Pájara, Antigua, Tuineje o Betancuria en esa fecha.

En el dinero la situación es más simple y peor. El 21 de octubre de 2026 no se encontró ninguna convocatoria de subvenciones del Gobierno de Canarias ni del Cabildo para la retirada de amianto en edificios privados, y las palabras del director general de junio de 2026 describen las ayudas como algo aún por estudiar. El plan estatal de vivienda 2026 a 2030, el Real Decreto 326/2026, trata la retirada como un coste que las ayudas a la rehabilitación pueden cubrir, no como un programa propio: entre las actuaciones subvencionables de la ayuda a la rehabilitación enumera la retirada de productos de la construcción que contengan otros elementos perjudiciales para la salud humana como el amianto; las obras de habitabilidad y sostenibilidad de la ayuda a nivel de edificio son subvencionables incluida la retirada de productos de la construcción que contengan amianto; y un edificio que entre en la línea de rehabilitación integral debe Retirar del edificio o ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto, por una empresa inscrita y con el residuo gestionado conforme a las normas de residuos de construcción. Esas ayudas llegan a una comunidad de Fuerteventura a través de la convocatoria canaria que aplica el plan, con los porcentajes, topes y condiciones que expone nuestro artículo sobre las obras energéticas y el fondo de reserva; una comunidad que planee una fachada o una cubierta pensando en una subvención debería incluir el fibrocemento en el mismo proyecto en lugar de retirarlo aparte y sin ayuda.

Un caso práctico: la cubierta de los garajes de Corralejo

Los garajes del bloque de Corralejo tienen placas onduladas de fibrocemento, agrietadas en dos esquinas y soltando polvo gris en los canalones. La tabla sigue el expediente desde la primera fotografía hasta el último recibo.

Las dos esquinas agrietadas deciden la vía. Una cubierta sana podría esperar y programarse con las próximas obras de fachada, idealmente dentro de un proyecto subvencionado; una que suelta polvo es una obra de conservación que la comunidad debe ahora, y cada propietario, presente o en el extranjero, paga por cuota. Lo que la comunidad debe rechazar es el tercer presupuesto que llega de un constructor generalista, más barato porque se salta el plan y el gestor: la empresa estaría infringiendo el decreto, la comunidad no tendría documento del residuo, y el perito del próximo comprador o la próxima inspección del edificio encontrarían el problema donde se dejó.

Qué hacemos

Nuestro servicio de mantenimiento en Fuerteventura trabaja con gremios locales contrastados, pide tres presupuestos para cada trabajo importante y comprueba la obra en el sitio antes de pagar la factura, con fotografías desde el primer aviso hasta el cierre visibles para cada propietario en el portal. Para el fibrocemento eso significa un director técnico que identifica el material, presupuestos solo de empresas inscritas en el registro de amianto, el plan de trabajo y la aprobación o el silencio de la autoridad en el expediente de la comunidad antes de tocar una placa, y el documento de traslado del gestor al final. Cuando la retirada puede ir dentro de un proyecto mayor, nuestro servicio de obras y subvenciones prepara la votación con documentación clara, compara los presupuestos línea a línea, supervisa la obra fase a fase y prepara y presenta el expediente de subvención, para que el amianto se vaya con la fachada o la cubierta de la que formaba parte. Pida una cuota fija y díganos el año en que se terminó el edificio.

Preguntas frecuentes

Nuestro edificio tiene cubiertas y depósitos de fibrocemento. ¿Estamos obligados a retirarlos?

No por ningún plazo general. La prohibición de 2002 permite que los productos ya instalados se queden hasta el final de su vida útil, y la fecha de 2028 de la ley de residuos se refiere a los emplazamientos públicos de mayor riesgo. Lo que obliga a una comunidad es el deber de conservación: un elemento de fibrocemento en mal estado, al final de su vida, debe retirarse, y las obras son entonces obligatorias por el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. Un elemento sano puede quedarse, y no debe cubrirse por encima.

¿Puede el albañil habitual de la comunidad desmontar las placas?

No. El trabajo cae bajo el Real Decreto 396/2006: solo puede hacerlo una empresa inscrita en el registro de amianto, con un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral canaria o aprobado por silencio a los cuarenta y cinco días, y una comunicación antes de empezar. El residuo va a un gestor autorizado con documento de traslado. Un propietario o un conserje rompiendo placas en una cubierta es a la vez un riesgo para la salud y una infracción de la que respondería la comunidad.

¿Quién paga la retirada?

En un elemento común, cada propietario por cuota, como gasto general; la junta decide solo cómo se reparte la derrama y cuándo se paga. En un elemento privativo, como una cubierta de fibrocemento sobre una terraza que la escritura describe como del propietario, paga el propietario, como sostuvo la Audiencia Provincial de Ourense en mayo de 2026. Un propietario que obstaculice las obras invocando el amianto sin probar que faltan las medidas puede acabar pagando los sobrecostes, como falló la Audiencia de Cantabria en julio de 2026.

¿Hay subvención en Fuerteventura?

El 21 de octubre de 2026 no se encontró ninguna convocatoria del Gobierno de Canarias ni del Cabildo para edificios privados, y el Gobierno autonómico describió las ayudas como algo aún por estudiar. El plan estatal de vivienda 2026 a 2030 permite que las ayudas a la rehabilitación cubran la retirada cuando forma parte de un proyecto mayor, a través de la convocatoria canaria que aplica el plan. Puerto del Rosario mantiene abierto a inscripción un censo de elementos domésticos con amianto; registra, no retira.

¿Adónde va el residuo?

A un gestor autorizado nombrado en el plan de trabajo, y de ahí fuera de la isla: Canarias no tiene vertedero autorizado para amianto, los destinos peninsulares que recibieron unas 4.200 toneladas en 2024 se han estrechado desde que Andalucía cerró sus puertas en abril de 2026, y el Gobierno autonómico dice que planea vertederos propios. El presupuesto debe indicar el destino y el coste del transporte, y el expediente debe conservar el documento de traslado.